Sofía Macher
El Perú (1980 – 2000), sufrió un conflicto armado interno desatado por el grupo maoísta Sendero Luminoso (SL), que inició una guerra contra el Estado peruano para tomar el poder. El conflicto se extendió a casi todo el territorio nacional, provocando miles de muertes y una gran destrucción de infraestructura y pérdidas económicas principalmente en la agricultura. La CVR, en la primera conclusión de su informe final, señaló:
“La CVR ha constatado que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República. Asimismo, que fue un conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana.”[1]
La CVR estableció una relación entre la situación de pobreza y exclusión social con la probabilidad de ser víctima del conflicto armado interno, que se demuestra con el perfil de las víctimas: el 79% de las víctimas fatales (fallecidos y desaparecidos) registradas fue población campesina. De acuerdo a las estadísticas de la misma CVR, las víctimas fatales pueden haber superado a las 60 mil personas, siendo responsabilidad de Sendero Luminoso el 54% de estas muertes. La historia oficial del conflicto armado interno, antes de la CVR, silenció lo ocurrido a miles de peruanos y peruanas, principalmente en las áreas rurales.
La creación de la CVR en el año 2001, significó una modificación en la postura del Estado frente a la historia oficial de aquel entonces. Por primera vez se consideró que lo sucedido a las victimas del conflicto armado interno era un asunto de interés público. Esta decisión del gobierno de transición constituyó el primer paso de Reconocimiento de ellas: el mandato que recibió la CVR fue el documentar lo sucedido con las víctimas.
Este proceso impulsado por la CVR, permitió la visibilidad de las víctimas y remeció la indiferencia con la que el Estado y la mayoría de la sociedad habían actuado durante los veinte años que duró el conflicto armado interno. Se recibieron más de veinte mil testimonios individuales. Algunos de ellos se recibieron en audiencias públicas. Esta plataforma pública fue utilizada por las víctimas para confrontar la historia hegemónica del conflicto. En estos testimonios se zanjó con el senderismo, se denunció las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden y se presentaron demandas al gobierno. Sin embargo, esta iniciativa no fue suficiente para abrir un diálogo en la sociedad peruana. Terminada la CVR, se cerro con ella ese espacio de participación, cerrándose incluso antes de que las víctimas recibieran una respuesta a sus planteamientos. Pese a esto, este proceso marcó un hito en la exigencia de Verdad de parte de las víctimas y facilitó la creación de más de 200 organizaciones de víctimas en varias regiones del país.
Resolver un pasado violento toma tiempo
En los últimos años se han multiplicado los procesos de justicia transicional en el mundo. En ellos, se consideran: herramientas judiciales y no judiciales, la búsqueda de la verdad, la asignación de responsabilidades de violaciones a los derechos humanos; programas de reparación y reformas institucionales, entre otros. No en todos los procesos se utilizan todas las herramientas, pero tienen en común conseguir alivio y justicia para las victimas, así como la restitución del estado de derecho en sociedades que salen de una guerra interna o una dictadura.
Dada la expansión de estos procesos, en el mundo se vienen realizando evaluaciones sobre su eficacia, las que son medidas por el nivel de implementación de las recomendaciones que estas comisiones entregan al final de su mandato. El resultado es negativo. En la mayoría de ellas no se han ejecutado sus recomendaciones, especialmente en las que se refieren a reformas institucionales, las que tienen que ver con las garantías de no repetición.
Pienso que existe un sobredimensionamiento de lo que estas comisiones pueden llegar a hacer. Particularmente en lo que se refiere a las modificaciones de problemas estructurales de sociedades divididas, como pueden ser la exclusión, el racismo, el patriarcado, el modelo económico, etc. En la mayoría de los casos, son precisamente esos problemas existentes los que han favorecido la ruptura violenta al interior de una sociedad. Pienso que las Comisiones de la Verdad solo pueden ser vehículos que sirven para impulsar procesos que tomaran mucho más tiempo, como por ejemplo: la restitución de la convivencia,
En el Perú, la exigencia de la Verdad se inició en los años 80s, cuando los familiares de los desaparecidos exigían conocer el paradero de sus seres queridos, reclamo que fue negado por todos los gobiernos de turno, incluso bloqueado por una ley de amnistía dada por Fujimori en el año 1995, que prohibía cualquier investigación relacionada con la lucha antisubversiva. Las personas que reclamaron por la vida de sus familiares, fueron tachadas de terroristas. Es recién 20 años después, luego de derrotado el terrorismo primero, y la dictadura de Fujimori después, que se abrió un tiempo de transición en el país (2000) que permitió que ésta demanda, marginal hasta ese entonces, pudiera ser atendida.
La CVR en el Perú permitió que lo sucedido a las víctimas sea conocido por el conjunto de la sociedad, especialmente con las audiencias públicas. Estas permitieron que las voces de las víctimas ingresen al espacio público. Fue un espacio democrático en la que se involucro al conjunto de la sociedad[1]. Pienso que ha sido uno de los aportes mas importantes dejados por la CVR. Permitió que las narrativas antes silenciadas sean escuchadas por el conjunto de la sociedad. Es cierto que estas audiencias públicas no fueron suficientes para abrir un dialogo, pues sus historias solo fueron escuchadas, sin que hayan recibido una respuesta a sus planteamientos. Pero si lograron modificar el sentido común que se tenia del conflicto armado interno. Lograron modificar la historia hegemónica del conflicto hasta ese momento. El impacto de estas voces se puede medir en la serie de leyes que fueron promulgadas por el Congreso atendiendo problemáticas específicas de las víctimas del conflicto[2].
Este proceso impulsado por la CVR, permitió la visibilidad de las víctimas y remeció la indiferencia con la que el Estado y la mayoría de la sociedad habían actuado durante los veinte años que duró el conflicto armado interno. Se recibieron más de veinte mil testimonios individuales. Algunos de ellos se recibieron en audiencias públicas. Esta plataforma pública fue utilizada por las víctimas para confrontar la historia hegemónica del conflicto. En estos testimonios se zanjó con el senderismo, se denunció las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden y se presentaron demandas al gobierno. Sin embargo, esta iniciativa no fue suficiente para abrir un diálogo en la sociedad peruana. Terminada la CVR, se cerro con ella ese espacio de participación, cerrándose incluso antes de que las víctimas recibieran una respuesta a sus planteamientos. Pese a esto, este proceso marcó un hito en la exigencia de Verdad de parte de las víctimas y facilitó la creación de más de 200 organizaciones de víctimas en varias regiones del país.
Resolver un pasado violento toma tiempo
En los últimos años se han multiplicado los procesos de justicia transicional en el mundo. En ellos, se consideran: herramientas judiciales y no judiciales, la búsqueda de la verdad, la asignación de responsabilidades de violaciones a los derechos humanos; programas de reparación y reformas institucionales, entre otros. No en todos los procesos se utilizan todas las herramientas, pero tienen en común conseguir alivio y justicia para las victimas, así como la restitución del estado de derecho en sociedades que salen de una guerra interna o una dictadura.
Dada la expansión de estos procesos, en el mundo se vienen realizando evaluaciones sobre su eficacia, las que son medidas por el nivel de implementación de las recomendaciones que estas comisiones entregan al final de su mandato. El resultado es negativo. En la mayoría de ellas no se han ejecutado sus recomendaciones, especialmente en las que se refieren a reformas institucionales, las que tienen que ver con las garantías de no repetición.
Pienso que existe un sobredimensionamiento de lo que estas comisiones pueden llegar a hacer. Particularmente en lo que se refiere a las modificaciones de problemas estructurales de sociedades divididas, como pueden ser la exclusión, el racismo, el patriarcado, el modelo económico, etc. En la mayoría de los casos, son precisamente esos problemas existentes los que han favorecido la ruptura violenta al interior de una sociedad. Pienso que las Comisiones de la Verdad solo pueden ser vehículos que sirven para impulsar procesos que tomaran mucho más tiempo, como por ejemplo: la restitución de la convivencia,
En el Perú, la exigencia de la Verdad se inició en los años 80s, cuando los familiares de los desaparecidos exigían conocer el paradero de sus seres queridos, reclamo que fue negado por todos los gobiernos de turno, incluso bloqueado por una ley de amnistía dada por Fujimori en el año 1995, que prohibía cualquier investigación relacionada con la lucha antisubversiva. Las personas que reclamaron por la vida de sus familiares, fueron tachadas de terroristas. Es recién 20 años después, luego de derrotado el terrorismo primero, y la dictadura de Fujimori después, que se abrió un tiempo de transición en el país (2000) que permitió que ésta demanda, marginal hasta ese entonces, pudiera ser atendida.
La CVR en el Perú permitió que lo sucedido a las víctimas sea conocido por el conjunto de la sociedad, especialmente con las audiencias públicas. Estas permitieron que las voces de las víctimas ingresen al espacio público. Fue un espacio democrático en la que se involucro al conjunto de la sociedad[1]. Pienso que ha sido uno de los aportes mas importantes dejados por la CVR. Permitió que las narrativas antes silenciadas sean escuchadas por el conjunto de la sociedad. Es cierto que estas audiencias públicas no fueron suficientes para abrir un dialogo, pues sus historias solo fueron escuchadas, sin que hayan recibido una respuesta a sus planteamientos. Pero si lograron modificar el sentido común que se tenia del conflicto armado interno. Lograron modificar la historia hegemónica del conflicto hasta ese momento. El impacto de estas voces se puede medir en la serie de leyes que fueron promulgadas por el Congreso atendiendo problemáticas específicas de las víctimas del conflicto[2].
Es importante resaltar que tanto la creación de la CVR, como las leyes promulgadas en el Congreso, son el resultado de la lucha de las propias victimas organizadas y sectores de la sociedad que comparten esa lucha. Sin esa presión, nada de esto se hubiera conseguido. La CVR sin duda, ha permitido que sectores más amplios de la población apoyen esta demanda.
Aún falta mucho camino por recorrer, como es, por ejemplo, el caso de los desaparecidos.[1] Importante es confirmar que no importa el tiempo que haya transcurrido desde los eventos violentos, o lo silenciadas que hayan estado las demandas de verdad y justicia; estas permanecen (ocultas) hasta que se dan las condiciones de (re)aparecer públicamente. Es absurdo no atenderlas o pretender que ya no existen. No importa el tiempo transcurrido. Los familiares de desaparecidos en Perú ya llevan mas de 30 años en esta lucha y no se dan por vencidos. Por el contrario, a lo largo de este tiempo han logrado ampliar su base de apoyo en la sociedad peruana.
Hay muchos ejemplos de estos procesos largos, que no descansan hasta que sean abordados por el Estado. La Comisión de la Verdad de Brasil, donde la sociedad civil exigió saldar las deudas históricas con la dictadura militar, es uno; y más recientemente, en Bolivia, la exigencia de las victimas de crear un Comisión de la Verdad para esclarecer las graves violaciones de derechos humanos y hechos de violencia política de los años 60s hasta los 80s, de dictadura militar.
Son procesos largos, que no son lineales, que tienen retrocesos y avances, porque encararlos muchas veces significa cuestionar el sistema. Sin justificar ni aceptar el uso de la violencia para resolver problemas sociales, políticos o culturales, las rupturas violentas en una sociedad ponen en evidencia grietas en el diálogo, fallas en el sistema de gobierno o en el sistema democrático, que deben ser corregidas; que van más allá de la agenda de los grupos violentistas y que toman mucho mas tiempo de ser asumidas y corregidas.
Elaboración de una memoria colectiva
Establecer un marco común de reconstrucción del sistema democrático es necesario para interpretar y re interpretar el pasado violento. Es lo que le dará sustento a la convivencia. La elaboración de una memoria colectiva basada en estos valores democráticos de convivencia es lo que permitirá ese re encuentro de una sociedad dividida. Es bajo ese marco que se “negocia” entre las diferentes memorias, muchas veces en pugna. Es en esta construcción de una memoria colectiva en la que se deben seleccionar lo que se deberá recordar y lo que se dejará de lado.
¿Pero cómo crear ese espacio de negociación que logre la legitimidad social que se requiere para este ejercicio? ¿Quiénes deben participar? ¿Quién lo debe liderar? Esto también es un proceso. En la experiencia peruana, la CVR no pudo construir esa memoria colectiva del conflicto armado interno, por mas que fuera formulado en sus planes de trabajo. Esto no fue posible porque los diferentes actores que tuvieron acción directa en el conflicto no partían del “mismo piso”. Estoy refiriéndome a la mayoría de las víctimas, que mayoritariamente eran personas del área rural excluidas del poder central desde la creación de la República.
Hubo primero que hacer valer sus historias, y esa fue la principal tarea y aporte de la CVR en el Perú. Primero se tuvo que de-construir la historia hegemónica del conflicto donde las víctimas estaban invisibles. La re-elaboración de la historia del conflicto armado interno hecha por la CVR, de acuerdo al mandato recibido, se realizó desde el enfoque de las víctimas. Identificó a las víctimas y asigno responsabilidades por lo que les habían hecho. En este relato presentado por la CVR en su informe final, no se sienten representados muchos sectores de la sociedad peruana y menos los partidos políticos y las fuerzas armadas. Por el contrario todos ellos fueron duramente interpelados por las voces de las víctimas. De esta manera la CVR ha contribuido a “emparejar el piso” con respecto a cómo participar en la elaboración de una memoria colectiva. Ahora no es posible negar lo sucedido a ellas, tienen que ser incorporadas.
Posterior a la CVR, en el Perú se han incrementado las iniciativas, tanto públicas como privadas, en relación a la memoria del conflicto armado interno. Se han multiplicado las investigaciones académicas, la producción literaria, de cine, teatro y arte en general, que desde diferentes enfoques abordan la violencia vivida. Se han inaugurado lugares de memoria en varias partes del país. Se ha reconvertido en santuario el lugar donde la investigación fiscal halló el horno en que fueron cremados muchos de los detenidos por el ejército en el cuartel de Los Cabitos en el departamento de Ayacucho, lugar conocido como La Hoyada. Se han organizado museos virtuales, grupos de memoria que fomentan la investigación y continúan trabajando los organismos de derechos humanos, que ahora mantienen su vigilancia sobre el seguimiento de las recomendaciones de la CVR.
El ejército peruano ha publicado su propia versión de la historia del conflicto. El libro tiene el titulo: “En Honor de la Verdad”[1]. Ha sido elaborado por su equipo de historia y ya tiene varias actualizaciones. Es una historia contada desde el ejercito, donde marca sus propios hitos de la guerra antisubversiva y la actuación cumplida por las fuerzas armadas en la derrota de Sendero Luminoso y el MRTA. Esto significa un aporte importante: aunque no dialogua mucho con el informe de la CVR, si incorpora en su texto un reconocimiento de errores y expresa disculpas en el caso del Grupo Colina.[2] Esto también, constituye un ejemplo de que el proceso de construcción de una memoria colectiva aún no ha llegado a su fin.
Un nuevo hito del esfuerzo del Estado en la construcción de una memoria colectiva del conflicto, lo constituye el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social – LUM[3], en la ciudad de Lima. Debe ser inaugurado el próximo 10 de diciembre de este año. Es un espacio concebido como el encuentro de las voces y actores del conflicto. Para la elaboración del guión final, el equipo curatorial organizó un proceso de consulta a autoridades, asociaciones de derechos humanos, asociaciones de victimas (tanto civiles como de militares y policías), artistas, periodistas, etc. En la muestra permanente que se instalará, no se esta adoptando una narrativa única. Se expondrá una serie de temas reflejados en una selección de eventos, fotos, testimonios; que deben servir para la reflexión, teniendo como marco interpretativo la ciudadanía y la democracia. Esta por verse lo que resultara de esta nueva iniciativa.
Sin duda, la vía más estratégica de construcción de una memoria colectiva del conflicto armado interno es la escuela. El Ministerio de Educación ha incluido en el currículo de formación ciudadana y cívica el informe de la CVR. Sin embargo, si esto no va acompañado de un trabajo con los profesores que deben trabajar el tema en el aula, no hay ninguna garantía de que se trate adecuadamente. Aquí también hay un camino largo por recorrer.
El trabajo encargado a la CVR en torno a la Reconciliación
El gobierno de Transición de Valentín Paniagua, creo la Comisión de la Verdad. Después, el gobierno de Alejandro Toledo modificó el Decreto Supremo de creación y agrego la función de Reconciliación. La CVR la interpretó como […] un proceso de restablecimiento y refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos, vínculos voluntariamente destruidos o deteriorados por el estallido de un conflicto violento iniciado por el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL)”[1]. La conceptualizó como un resultado, no como actividades que se deberían organizar para reconciliar a los peruanos.
Debe ser el resultado dijo, de “[…] una afirmación práctica – en la vida cotidiana – de los valores ciudadanos de justicia, tolerancia y paz.”[2] Es decir, un proyecto de convivencia humana y civilizada.
En relación a la reconciliación con Sendero Luminoso, se afirmó que no se podía aplicar una amnistía porque vulneraba el principio de justicia y no se puede basar la reconciliación en la impunidad. Tampoco era necesaria una negociación con ellos de las condiciones carcelarias, porque estas deben estar ajustadas a los derechos de personas privadas de la libertad.
Frente a la propuesta de SL sobre el pedido de “solución política a los problemas derivados de la guerra interna”, la CVR planteó que, mientras no hicieran un “reconocimiento público de su renuncia a la violencia como método de acción política”, su interés de búsqueda de una solución política estará fundada tan solo en un interés de grupo y no en el interés de toda la sociedad. Se entendió que esta renuncia a la violencia significaría, en la práctica, una negación de sí mismos.
Esta renuncia pública al uso de la violencia como medio de acción política, no se dio nunca por parte de SL. Pasados los años, ha aparecido en la escena pública un nuevo grupo político llamado Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales -MOVADEF[1] que solicita la amnistía para todos los presos políticos y reivindica el pensamiento Gonzalo[2]. Solicitaron su inscripción como partido político y su pedido fue rechazado por reivindicar el pensamiento Gonzalo, contrario a los principios democráticos. Esta acción dio origen a una ley que condena la apología al terrorismo.
Nuevamente, ese mismo grupo intenta registrarse para las elecciones del 2016, pero esta vez como el Frente por la Unidad y Defensa del Pueblo Peruano – Fudepp. No sabemos si será reconocidos esta vez, pero refleja una pugna no resuelta en el país. Por un lado, no ha habido un zanjamiento de SL con el uso de violencia; y por otro lado, para la sociedad peruana, SL y el MRTA siguen siendo un peligro. Este miedo no ha sido superado.
La resiente liberación de un líder del MRTA, luego de que purgara 25 años de condena, ha revivido los reclamos para que no se deje en libertad a ningún subversivo y para que se queden en la cárcel purgando cadena perpetua. Esta es una situación totalmente diferente a la del proceso Colombiano por ejemplo, donde, en el acuerdo recientemente adoptado, no ha sido un obstáculo que miembros de las FARC sean incorporados a la vida política.
Otro líder del MRTA, Gálvez Olaechea, también reciéntemente liberado luego de purgar 27 años de prisión, ha publicado un libro donde se queja de la CVR por plantear, según el, una reconciliación dirigida: “militares y policías […] excluyendo a los vencidos”.[1] Comparando el Perú con lo que viene sucediendo en Colombia, no es posible siquiera plantear la posibilidad de que militantes de SL o el MRTA sean admitidos en la vida política del país. Por el contrario, inmediatamente después de la reciente liberación de uno de los dirigentes del MRTA (que expreso su deseo de participar en política después de pedir perdón por lo que hizo), el Ejecutivo anuncio que prepara una iniciativa de ley para que los militantes de SL y MRTA estén prohibidos de ingresar a la vida política del país.
Las heridas dejadas por la subversión son rápidamente reabiertas y se cierran filas frente a ellos. Una explicación posible, es que aún existen remanentes de SL luchando en la selva. Son un pequeño grupo que no tiene posibilidades de expandirse, pero mantiene vigente la ideología violentista de SL en el imaginario nacional.
Otras narrativas han surgido, como la de Jose Carlo Agüero [2] que habla sobre sus padres senderistas. Esta publicación aborda temas que no se habían tocado públicamente antes. Agüero, en su libro, reivindica el cariño y respeto que él les tiene a sus padres y presenta descarnadamente la tensión de estos sentimientos con el de la vergüenza por el daño que ellos, como militantes de SL, causaron a la sociedad. Agüero reflexiona en relación a la muerte de su madre: “Este alivio y esta culpa, este paquete de mala flor porque por fin muere quien quieres, no es pues solo un tema individual. Es un residuo de la impotencia y el miedo. Signo del fracaso del afecto ante la bárbara razón. Y este daño es compartido por cientos de miles de familias en el mundo. Un dilema de amor. Y el amor debe ser parte de lo público, más aún, cuando es terrible”.[3] A los hijos de senderistas no se les reconoce el derecho a sufrir la muerte de sus padres. Agüero reclama el poder presentarse ante la sociedad con su verdadera identidad, sin tener que esconderse por lo que fueron sus padres y poder restituirles su humanidad.
Estas nuevas narrativas obedecen a diferentes momentos del proceso de memoria del conflicto. Se están viviendo tiempos en que se pueden tocar temas desde otros ángulos, que continúan debilitando el relato hegemónico. Imposible de pensarlo hace unos años y posibles ahora. La pugna de memorias y discursos no ha concluido.
Con gran sorpresa, la candidata a la elección de la presidencia del año 2016, Keiko Fujimori, acaba de decir públicamente que la CVR fue positiva para el país. Hay que recordar que el sector fujimorista ha sido hasta la fecha el grupo político que mas ha atacado a la CVR. ¿Es solo una postura electorera? Puede ser, pero una afirmación como esta era impensable algunos años atrás.
Reflexión final
En los esfuerzos por crear una memoria colectiva sobre hechos que destruyeron la convivencia pacifica, las Comisiones de la Verdad representan solo los primeros pasos de un largo proceso. Es menester continuar estableciendo hitos y fijando estándares arraigados en valores democráticos, cimentando así instituciones que hagan efectiva la opción por el dialogo y el entendimiento.
Por mi experiencia, puedo decir que la construcción de la convivencia en armonía esta muy lejos de ser un episodio. También puedo decir que el primer paso que se de, o el decimo o el trigésimo, con todo lo positivo que significan, no consagran un camino ininterrumpido o incuestionado hacia esa convivencia.
Los procesos que se construyen en libertad y con la participación de todos los concernidos, siempre tendrán el desafío de lograr que prevalezca la razón y la paz. Pero son a la vez, un desafío ineludible y una justificada esperanza.