La emergencia del COVID-19 ha puesto de manifiesto que existen riesgos globales que no tienen fronteras. La pandemia cruza con algunas dinámicas de crisis que ya existían con anterioridad, y las ha exacerbado y agudizado, como la desigualdad socio-económica, el debilitamiento de las estructuras de gobernanza global, y la fragilización de los sistemas de salud y las políticas públicas como resultado de décadas de políticas neoliberales y en particular del ciclo de austeridad posterior a la crisis de 2008. La gobernanza mundial de la salud, depende de organismos internacionales de naturaleza subsidiaria, sin mandato ejecutivo ni capacidad operacional para proporcionar asistencia, lo que supone un problema para la gestión de la pandemia. La gobernanza global y la acción colectiva son un imperativo para superar la pandemia.
Esta situación de emergencia supone una prueba trascendental para las sociedades, las economías y las instituciones en todo el mundo e implica un reto para el cumplimiento de los derechos humanos. Si bien la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 no incluye específicamente la protección ante un desastre como un derecho humano, sí lo recoge implícitamente en varios artículos, relacionados especialmente con la vida y la seguridad de la persona, la propiedad y el trabajo, la participación ciudadana, la dignidad humana, los derechos económicos, sociales y culturales, la educación y el disfrute de la vida cultural.
Durante la emergencia del COVID-19 hemos aprendido que un riesgo global impacta de forma desigual en cada país o región, repercutiendo sobre todo en los derechos de las personas más vulnerables: las personas mayores y/o con patologías previas; el personal sanitario especialmente expuesto al virus; las personas sin hogar y sin capacidad de cuidarse en una vivienda, continuamente expuestas al riesgo de contagio y sin recursos; las mujeres viviendo con un agresor para las cuales el confinamiento amplía su vulnerabilidad; las personas trabajando en los supermercados, en los transportes, en las fábricas y otras empresas; las personas con contratos temporales, que más que el contagio temen el cese de su actividad laboral; el estudiantado que no tiene en casa los mismos recursos que sus compañeros para poder seguir con sus clases de manera telemática.
Esta situación inédita y sin precedentes es una oportunidad para poner sobre la mesa y reflexionar sobre algunas cuestiones relacionadas con las emergencias y los derechos humanos en el ámbito internacional, nacional y local.