Marta Rodríguez Fouz
“Como lágrimas en la lluvia… Olvidos, vacíos y recreaciones del pasado violento”
Si miramos hacia atrás en el tiempo y recordamos cómo era la vida cotidiana en Euskadi durante las últimas décadas podemos afirmar que estamos más cerca que antes de que se cumpla la aspiración a una convivencia normalizada. La presencia pública de ETA y su protagonismo en el día a día rompían cotidianamente la convivencia provocando que la violencia penetrara en todo su tejido social. Había miedo, odio, rencor, silencios, complicidades, justificaciones… y mucho sufrimiento. La convivencia estaba rota. Desde el último anuncio por parte de ETA de un alto el fuego «permanente, general y verificable»[1], esa presencia de la violencia se ha atenuado y podemos decir, aliviados, que el anhelo de un futuro en paz ya no parece tan utópico como en los “años del plomo” o durante la extensión de la violencia desde la consigna de la “socialización del sufrimiento”. No obstante, en ese escenario, se identifican también zonas de penumbra y conflicto que invitan a atenuar el lógico optimismo que se deriva de la ausencia de acciones de ETA y de recuperar, por ejemplo, algo tan normal como la libertad para muchos de no tener que salir a la calle protegidos por escoltas.
Partiendo de ese contexto, que resulta a todas luces positivo y alentador, cabe preguntarse qué puede contribuir a la normalización de la convivencia y al asentamiento de la paz. Para tratar de responder a esa pregunta tiene sentido identificar las rupturas y tensiones que amenazan dicha convivencia y que dificultan la pacificación. Y ahí irrumpe con insistencia el problema de los relatos sobre lo sucedido y sobre el derecho a la memoria de las víctimas del terrorismo. Un problema que es común a otros escenarios de reconstrucción y que enlaza con la concepción de la justicia como ejercicio de reconocimiento y reparación[2]. En concreto, la justicia, entendida ambiciosamente como justicia restaurativa, se identifica, entre otras cosas, con la
necesidad de reconocer sin matices que ninguna de las muertes, ni de las agresiones, secuestros, extorsiones, amenazas estaba justificada y, por alcance, con la asunción de la responsabilidad por el sufrimiento provocado. Ambas secuencias, reconocimiento y asunción de responsabilidad, implican una revisión crítica del pasado que provoca enfrentamientos y que nos sitúa en uno de los nudos gordianos de la pacificación.
En el caso vasco, no cuesta ver que esa revisión del pasado resulta problemática y revitaliza conflictos, aunque con menor intensidad dramática que cuando ETA estaba activa, que interpelan a nuestras instituciones democráticas y que, a la vez, nos interpelan como ciudadanos. Desde la sospecha de que ahí se encuentra uno de los escollos para la normalización de la convivencia me propongo incidir en el significado e implicaciones de la construcción de esos relatos sobre el pasado violento. Tratando de identificar qué puede suponer un obstáculo para avanzar en dicha normalización.
1.
Podemos empezar preguntándonos por qué es importante el relato sobre lo sucedido y ahí nos encontramos con el estrecho vínculo entre memoria y reconocimiento, entre justicia y memoria y entre justicia y verdad. Una sociedad que olvida su pasado violento o su eventual responsabilidad en esa violencia[1] está contribuyendo a perpetuar la injusticia sobre las víctimas y a mantener la impunidad de sus verdugos[2].
En el caso de Euskadi ese olvido, que cabe subrayar como injusticia, toma cuerpo de dos formas que podríamos diferenciar con claridad: una que tiene que ver con la necesidad vital de mirar hacia adelante y que se viene manifestando como perpetuación de cierta indiferencia[3]. Otra, más candente, que apunta a la continua matización del relato sobre lo ocurrido. Aquí vamos a prestar atención a ambas, aunque más a la segunda pues es la que viene adquiriendo un mayor protagonismo en el debate público sobre el final de la violencia.
Para reflexionar sobre la primera, que tiene una honda carga emotiva, podemos acudir al proyecto de Willy Uribe, Allí donde ETA asesinó. Uribe se propuso fotografiar durante un año los lugares donde ETA asesinó en el mismo día y a la misma hora del atentado. Su reportaje espolea la memoria advirtiendo cómo la cotidianeidad ha ido borrando las
huellas de aquellos asesinatos[1]. El mismo año en que Willy Uribe se planteó su proyecto, 2009, el Gobierno Vasco propuso la realización de un “Mapa de la Memoria” donde quedasen incorporados todos los lugares de Euskadi en los que ETA había cometido algún atentado. Los Ayuntamientos, mediante placas o monumentos que constituirían un homenaje a las víctimas, entrarían a formar parte de ese “Mapa de la Memoria”. La memoria física, materializada en placas y monumentos que recuerdan la sangría de la violencia terrorista, suple en parte la desmemoria de la que darían testimonio las fotografías de Uribe[2]. Por lo demás, el proyecto se ha ido concretando en la elaboración por parte de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco de un Mapa de la Memoria que incorpora, entre otra información relativa a lo ocurrido en Euskadi desde 1960, los llamados “Retratos municipales”[3], que recientemente han desatado una agria polémica al incluir a miembros de ETA para quienes se pide la realización de homenajes en los Municipios donde murieron. La solicitud se ha sentido como una humillación hacia las víctimas de ETA y como expresión de un enfoque hacia la memoria y la justicia que distorsiona el relato y no conduce a un auténtico proceso de deslegitimación del terrorismo. El esfuerzo parece dirigirse hacia un mensaje simplista que habla del dolor equiparable de todas las víctimas, pero que desliza esa equiparación hacia una condena de todas la violencias que no se esfuerza en analizar específicamente qué violencia y qué formas de legitimación han dado aliento a ETA. Frente a esas estrategias, parece más razonable, aunque también más ambicioso y exigente, que el objetivo para normalizar la convivencia no se localice en esa fórmula inespecífica de condena de toda violencia, sino en el propósito de advertir qué hizo posible la longevidad de esa barbarie: cómo y por qué ETA consiguió destrozar tantas vidas y quebrar la convivencia hasta extremos inauditos en una sociedad democrática.
Además de esa necesidad de que las instituciones democráticas, con independencia de quién gobierne, respalden sin ambigüedades una revisión crítica de ese pasado que afronte con valentía la verdad de lo ocurrido, quizá cabría también reflexionar sobre cómo mostrar las huellas de esa violencia más allá de gestos oficiales que ‘encierran’ el paisaje del sufrimiento en las paredes de algunos Ayuntamientos e Instituciones (con la colocación de placas que recuerdan a las víctimas) [4]. Máxime cuando una de las
imágenes que más se repiten cuando se hace balance de aquellos años, en especial durante los ochenta, es la de la indiferencia y el silencio de buena parte de la sociedad vasca[1]. Se trataría, en suma, de no dejar que fueran las instituciones las principales responsables de poner marcas en el paisaje[2]. No tanto para tener continuamente presente el recuerdo de esos episodios como para activar la reflexión sobre cómo fue posible que eso ocurriera entre nosotros y para mostrar a las víctimas de ETA que su sufrimiento no ha sido olvidado ni carece de importancia (igual que si no hubiera ocurrido, perdiéndose para siempre “como lágrimas en la lluvia”). De algún modo, esa reflexión podría sentar las bases para la construcción de lo que Avishai Margalit denomina “comunidad moral” y que apunta hacia la necesidad de que superemos nuestra indiferencia natural frente a quienes no forman parte de nuestro círculo emotivo, esto es, de aquellos de quienes depende nuestro bienestar[3].
2.
La segunda forma de olvido toma un cariz especial, pues no se trata tanto de ignorar la existencia de ese pasado como de introducir constantes matices que agravian la memoria de las víctimas de ETA: parece pretenderse identificar ese conflicto como una lucha armada con dos bandos enfrentados y con víctimas de uno y otro lado, lo que transforma todo el sentido del relato y afecta medularmente a su semántica repercutiendo sobre la eventual consolidación de un futuro de paz.
Con todo, no debe sorprendernos que la revisión de ese pasado adopte tercamente la forma de una justificación: forma parte de los efectos directos de la cosmovisión ideológica que contribuyó al doloroso alargamiento del conflicto. Si durante los años de mayor intensidad en la “socialización del sufrimiento”, la existencia de ETA seguía siendo justificada por parte de la sociedad vasca, no cabe esperar que, ahora que ETA parece dispuesta a no cometer nuevos atentados, esa misma parte de la sociedad asuma la ilegitimidad de sus premisas respecto al uso de la violencia. Por lo demás, no se trata de perseguir ese objetivo ingenuo, sino del esfuerzo colectivo (institucional y civil) por reconocer que ha habido víctimas y victimarios[4] y que el episodio de la violencia de ETA en Euskadi no debería cerrarse en falso identificando lo ocurrido como parte de un
conflicto estructural que habría dañado a todos por igual y cuya responsabilidad se diluye en una versión equidistante respecto de todas sus víctimas[1].
La discusión relevante para normalizar la convivencia sin menospreciar la memoria de las víctimas no es, como parece plantearse en muchas ocasiones, si las víctimas del GAL o de la violencia policial habrían padecido el mismo sufrimiento injusto que las víctimas de ETA. Es evidente que sí. La ruptura surge cuando esas otras víctimas se esgrimen para interpretar el relato en términos de un conflicto armado entre ETA y el Estado español que habría justificado las acciones armadas como respuesta a la opresión estatal. Lo mismo ocurre cuando se habla de la tortura o de la dispersión de los presos en las cárceles españolas… La diferencia esencial no estriba en la injusticia padecida por todas esas víctimas sino en la necesidad de reconocer la ilegitimidad de las acciones que las han convertido en víctimas. Lo que resulta inquietante, y poco alentador desde el punto de vista de la normalización de la convivencia, es que no haya un reconocimiento inequívoco y explícito de que la lucha armada de ETA ha sido injusta y de que el sufrimiento provocado es injustificable. Algo que no ocurre con las acciones del GAL o con la tortura, que no cuentan, al menos explícitamente, con un apoyo social que se traduzca en su justificación. En otras palabras, no suponen un reto para la convivencia pues no se justifican públicamente ni despiertan la menor controversia sobre la oportunidad de su existencia: la sociedad vasca no las ha apoyado jamás. Es más, dentro de esa sociedad, quienes han sufrido más directamente la violencia terrorista nunca han tenido la «tentación de tomarse la justicia por su mano»[2]. Y podríamos incluso afirmar que una de las mayores ventajas con las que cuenta el proceso de normalización de la convivencia es, precisamente, la ausencia de sed de venganza. El riesgo es que, medidos con la sed de justicia, que sí está presente, se incumplan los objetivos de reparación y reconocimiento que son precisos para restablecer una convivencia normalizada. Siempre y cuando por convivencia normalizada en nuestro contexto (mientras cerramos el episodio de la existencia de ETA) entendamos una convivencia presidida por el anhelo de justicia y por la necesidad de deslegitimar la violencia como mejor garantía para facilitar un futuro de paz. Ambas aspiraciones apuntan, como en otros conflictos armados, a la construcción del relato sobre el pasado (justicia como derecho a la memoria y a la verdad[3]) y a la revisión crítica de los procesos legitimadores de la violencia.
Partiendo de ahí, cabe distinguir dos ámbitos en esa revisión colectiva del pasado (de sus porqués y de sus efectos): uno que se focaliza en las instituciones y otro, más difícil de articular y de gestionar, que interpela a la sociedad vasca. Aquí, por limitaciones de tiempo y de espacio, me centraré en el primero de esos ámbitos, que nos permite, no
obstante, remitir a debates y tensiones que están muy vivos en nuestro día a día y que tienen su inevitable reflejo en las instituciones.
3.
En este ámbito, el institucional, se viene dando en los últimos años un esfuerzo deslegitimador del terrorismo y de reconocimiento de sus víctimas que cristalizó normativamente en la Ley 4/2008 de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo y que va cuajando a través de actos y medidas encaminados a condenar el terrorismo y reconocer a sus víctimas. Es fácil comprobar que se han puesto en marcha numerosas iniciativas que tratan de encajar con el “espíritu de la ley” y que apuntan a la necesidad de reconocer la injusticia de su sufrimiento. No obstante, dentro de esas mismas iniciativas siguen abiertos algunos desafíos cruciales que, como hemos visto, ponen sobre la mesa las dificultades para gestionar esa memoria de las víctimas. En particular, cuando las instituciones ceden a una versión del relato que insiste en hablar de “violencia de motivación política” para añadir al reconocimiento de las víctimas de ETA el de las otras víctimas. El problema no es que se condene conjuntamente toda violencia y se reconozca el sufrimiento de cualquiera de sus víctimas, sino que esa condena se realiza sin un ejercicio previo e inequívoco de reconocimiento de la ilegitimidad de las acciones violentas que las han provocado (particularmente cuando se trata de ETA pues, insisto, las otras violencias no habrían contado con ningún respaldo legitimador). En otras palabras: se contextualiza el terrorismo y se elude la responsabilidad por el sufrimiento provocado, entendiendo que había un conflicto estructural (desde esa perspectiva todavía no resuelto) que justificaba la lucha armada.
Resulta sencillo reconocer la clave ideológica que da aliento a esa revisión acrítica del pasado: la necesidad de levantarse contra un poder opresor al que le resulta comodísima una resistencia no violenta, o una posición radicalmente pacifista[1]. En síntesis, se incorpora un relato que impide reconocer la injusticia del sufrimiento provocado y que está muy alejado del que resultaría de atender a algunos de los posicionamientos éticos que mejor han calibrado e incorporado las “lecciones” de la historia de la violencia: en especial el de la ética de la conmoción (como sustituta de una ética de la convicción)[2]. Si ese relato fuera capaz de encarar la injusticia que somos capaces de infligir, comparando nuestros males antes de ponernos de acuerdo sobre los bienes, resultaría muy complicado seguir manteniendo el esfuerzo legitimador de la violencia que los atraviesa cuando se justifica la existencia de ETA como expresión inevitable de un conflicto no resuelto.
Esa resistencia ideológica, que entronca con la lectura de otros conflictos y que arranca su legitimidad de lecciones extraídas de otros escenarios[1], interpreta las acciones violentas como violencia reactiva. Desde la cosmovisión de quienes no han condenado el terrorismo resulta natural interpretar el relato en esa clave ideológica: una lucha de liberación que hunde sus raíces en la histórica legitimidad de los oprimidos para levantarse contra los opresores. Así no sólo no es necesario llevar a cabo un ejercicio de autocrítica y de asunción de la responsabilidad por el sufrimiento causado sino que, aún más, llevarlo a cabo equivaldría a traicionar sus principios y a quienes más encarnizada y generosamente han estado dispuestos a armarse y luchar (sus “gudaris”). Aceptar que esa lucha habría sido ilegítima e injusta destrozaría sus referentes y contribuiría, por alcance y si respetamos esa cosmovisión, a deslegitimar todos las luchas por la liberación que han marcado la historia de la humanidad. Esa lectura está ahí y resulta inevitable convivir con ella, por eso, y aunque no quepa esperar que vaya a desaparecer, supone un reto a la hora de normalizar la convivencia, siempre y cuando, insisto, la soñemos como algo más que la ausencia de acciones terroristas y convengamos en que el olvido es una de las muchas formas que puede adoptar la injusticia.
Advertida la presencia cotidiana de ese nudo de resistencia a construir un relato deslegitimador del terrorismo, parece que el compromiso de las instituciones con el reconocimiento de las víctimas del terrorismo debería concretarse en un posicionamiento más firme contra esas matizaciones del relato que tienen mayor capacidad de ir calando a medida que se va alejando el vívido recuerdo del dolor y el miedo (que, conviene no olvidarlo, no todos han sufrido con la misma intensidad). No es casualidad que en los últimos años, desde el cese de las acciones armadas anunciado en enero de 2011, el posicionamiento institucional contra ETA haya ido revistiéndose de una semántica que indigna a muchas de las víctimas del terrorismo y que amenaza con pasar de puntillas por los episodios más dramáticos y dolorosos de nuestra historia. En la medida en que se va imponiendo la alusión sistemática a las “víctimas de uno y otro bando”, que se va eludiendo hablar de víctimas del terrorismo para pasar a hablar de “víctimas por motivación política”, y que se identifica la pacificación como un proceso que requiere el reconocimiento de “todas” las víctimas, se distorsiona el relato sobre el pasado. Sintonizándolo en un registro que pisotea el derecho a la memoria recogido en la mencionada Ley 4/2008[2].
Parece que se va imponiendo la idea de que la mejor contribución a la pacificación es la de oficializar una narración del pasado que muestre sensibilidad hacia el dolor de todas las víctimas, interpretando la exigencia moral del derecho a la memoria como un ejercicio de «reconocimiento integrador de todas las víctimas, al margen de la violencia que las haya producido»[3]. Sin embargo, con esa asimilación de las víctimas se
desactiva la capacidad que pudiera llegar a tener el relato para cuestionar los procesos de legitimación del terrorismo que, en el caso concreto del País Vasco, propiciaron su existencia y perduración.
Frente a esa lectura del pasado parece más cercano al propósito del reconocimiento y la reparación de las víctimas del terrorismo intentar desmontar ese andamiaje ideológico que contribuyó a que ETA asesinara, extorsionara, secuestrara, amedrentara, amenazara… durante décadas sin titubear acerca del sentido de su apuesta por la violencia. Y generando víctimas a uno y otro lado[1]. No se trata tanto de apuntar un objetivo imposible, que tendría que ver con desactivar las convicciones políticas e ideológicas de quienes han apoyado la existencia de ETA, sino de advertir cuándo los mecanismos de justificación de ese pasado violento impiden reconocer la deshumanización de sus protagonistas. Y de comprender que no señalarlos ni denunciarlos contribuye a pisotear la memoria de esas víctimas evitando, además, desactivar los resortes ideológicos que han legitimado el terrorismo durante décadas y que ahora estarían tratando de cerrar en falso el ejercicio de revisión crítica del pasado. Ese esfuerzo por clausurar la revisión crítica puede ilustrarse con el titular del Gara del pasado 10 de setiembre: «Expertos tildan la “batalla por el relato” de rémora para la paz»[2].
Si la mirada al pasado se resuelve apelando a la existencia de un conflicto estructural que justificó las acciones de ETA, ubicando a las víctimas como miembros de bandos enfrentados e insistiendo en la irrelevancia de la violencia que las haya producido (no hay verdugos, no hay asesinos, no hay extorsionadores, no hay secuestradores… no hay responsables), desaparece la posibilidad de una justicia restaurativa. No en vano, esa justicia incorpora la exigencia de reconocimiento por parte de los victimarios del daño causado y de su injustificabilidad.
Desde ahí, atendiendo a la forma que van tomando los relatos (incluida la aceptación de que no es posible un relato que contente a todos), la normalización de la convivencia parece apoyarse en el olvido de uno de los compromisos recogidos en la exposición de motivos de la Ley 4/2008:
Para una sociedad como la vasca, que quiere reivindicar los más elementales principios éticos como criterios básicos que regulen su convivencia, la solidaridad con los afectados por el terrorismo se erige en una obligación inexcusable e inaplazable que los poderes públicos han de traducir en medidas concretas que expresen el sentimiento de
reconocimiento, reparación y justicia debido a las víctimas, eliminando de forma coherente y efectiva los agravios sufridos. Estas medidas tratan igualmente de compensar, en la medida de lo posible, los olvidos, la invisibilidad y la incomprensión que las víctimas del terrorismo han sentido y sufrido durante muchos años, sin olvidar las situaciones generadas por actos como los de exaltación pública de aquellos que fueron sus victimarios[1].
Ese propósito, que, más adelante, en esa misma exposición de motivos, se expresa como la exigencia de «partir de la verdad y la memoria, estableciendo qué ha pasado y pasa, y por qué ha pasado y sigue pasando», se diluye en esos ejercicios de equiparación del sufrimiento de todas las víctimas. Y lo que resulta más preocupante, esos ejercicios se interpretan como contribuciones a la pacificación aun cuando no se haya dado una auténtica revisión crítica de ese pasado ni se haya incorporado, en consecuencia, una advertencia contra los mecanismos ideológicos que lo propiciaron[2]. La injusticia con las víctimas del terrorismo resulta evidente y se concreta en el olvido del sufrimiento injustamente padecido. La “batalla por el relato” es mucho más que una lucha política por manipular la memoria de la violencia: incumbe a las instituciones y a la sociedad como un desafío moral que deberían estar dispuestas a asumir si realmente aspiran a ser más justas. Y a poner las bases para un futuro de paz que no sea el de la paz de los desmemoriados, que, para más inri, se consideran justos.